La gestión de la Plaza de Toros de La Misericordia vuelve a quedar en el aire en un escenario de profunda crisis administrativa y organizativa. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha estimado las impugnaciones de empresas del sector y ha anulado, por segunda vez consecutiva, el procedimiento de licitación impulsado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). Esta drástica decisión supone un severo revés para la estrategia jurídica de la institución provincial, que ve cómo sus planes para el coso zaragozano vuelven a naufragar en los tribunales encargados de supervisar los contratos del sector público. Con este nuevo bloqueo, el daño a la temporada taurina de la capital aragonesa se agrava de forma alarmante, sumándose a las consecuencias que la parálisis de la plaza lleva arrastrando desde el inicio de la primavera.
El conflicto se remonta al pasado mes de marzo, cuando el TACPA declaró la nulidad de pleno derecho del primer concurso al considerar totalmente incorrecta la configuración jurídica del contrato. Aquella primera resolución provocó un impacto directo e inmediato en el calendario taurino de la ciudad: la suspensión total del ciclo y la pérdida definitiva de la Feria de San Jorge de abril. La imposibilidad de contar con un empresario adjudicatario a tiempo dejó los días grandes de la festividad aragonesa sin actividad en La Misericordia. Aunque la Diputación recurrió inicialmente la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) solicitando medidas cautelares urgentes para salvar el ciclo de abril, el alto tribunal autonómico rechazó suspender los efectos de la anulación y la propia DPZ terminó por desistir del recurso contencioso-administrativo, asumiendo la pérdida de la primera gran cita del año.
Lejos de modificar el planteamiento técnico y jurídico que causó el primer fracaso, la institución convocó una nueva licitación el pasado mes de mayo introduciendo únicamente modificaciones superficiales y de carácter meramente formal en las cláusulas de los pliegos. Sin embargo, el TACPA ha determinado ahora que dichas modificaciones no alteran en absoluto la verdadera naturaleza del negocio. El núcleo de la resolución judicial vuelve a incidir en el mismo error por parte de la DPZ, que pretendía calificar el contrato como un simple arrendamiento patrimonial ajeno a la rigidez normativa estatal. El Tribunal sostiene firmemente que, por su contenido, el pliego camufla una prestación de servicios sujeta a la estricta Ley de Contratos del Sector Público.
A pesar de que los nuevos documentos eliminaron las referencias explícitas a la obligatoriedad de programar espectáculos taurinos, el Tribunal desmonta la maniobra basándose en la indudable realidad material del texto. La resolución recalca que el inmueble solo puede destinarse a espectáculos taurinos, que el adjudicatario tiene prohibido darle cualquier otro uso comercial y que el periodo de arrendamiento coincide de forma milimétrica con los días de las ferias tradicionales. El organismo argumenta que el contrato carecería por completo de sentido bajo la lógica de la Diputación, puesto que ningún operador privado asumiría el pago de un canon económico si no tuviera la expectativa y la garantía real de explotar taurinamente la plaza. En base a esto, recuerda que la naturaleza de un contrato no depende de la denominación que elija la Administración, sino de la finalidad de interés público que realmente persigue.
La nueva resolución judicial obliga a la Diputación a retrotraer todo el procedimiento al momento anterior a la aprobación de los pliegos y a redactar desde cero una nueva licitación que cumpla estrictamente con la legalidad. Esta parálisis total sitúa a la DPZ en un escenario crítico debido al factor temporal. Con la Feria de San Jorge ya perdida, todas las miradas se centran ahora en las fiestas grandes de la ciudad. Apenas quedan algo más de tres meses para el inicio de la Feria del Pilar, el ciclo taurino más importante del año en Zaragoza. La compleja organización de este evento masivo requiere meses de antelación para asegurar la contratación de toreros y ganaderías, tramitar los complejos permisos sanitarios, gestionar los visados veterinarios y lanzar las campañas de publicidad y venta de abonos. La Diputación de Zaragoza se enfrenta ahora al reto de diseñar unos pliegos impecables a contrarreloj para evitar que el calendario convierta la celebración de la feria de octubre en una misión imposible.