La nueva ley no prohíbe las corridas en todo México, pero traslada el debate a los congresos estatales y abre un nuevo escenario jurídico para la fiesta.
El Senado de México ha dado un nuevo giro al futuro de la Tauromaquia en el país. La Cámara alta aprobó este martes la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales sin incluir una prohibición nacional de las corridas de toros. La regulación de los espectáculos en los que participan animales quedará ahora en manos de las entidades federativas, abriendo un escenario diferente para la fiesta en cada territorio.
El dictamen salió adelante con 115 votos a favor y uno en contra y ha sido enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su recorrido legislativo. El texto establece un marco general de protección animal y reconoce a los animales como seres sintientes, además de repartir competencias entre la Federación, los estados y los municipios.
La referencia a los espectáculos con animales se introdujo durante la discusión particular de la iniciativa. El Pleno aprobó una modificación al artículo 78 para que sean las entidades federativas las responsables de regular la participación de animales en espectáculos deportivos, recreativos y de entretenimiento.
La nueva redacción establece además que estas actividades deberán desarrollarse teniendo en cuenta el bienestar de los animales, así como su naturaleza, sus características y la relación que mantienen con las personas y con las propias actividades.
De esta manera, la nueva legislación no incorpora una prohibición federal de las corridas de toros ni de las peleas de gallos.
La prohibición federal que finalmente no aparece
El resultado supone un cambio respecto a anteriores propuestas legislativas. En una iniciativa previa de Ley General se contemplaba expresamente la prohibición de determinados actos considerados de crueldad, entre ellos las corridas de toros y novillos, además de las peleas de gallos y de perros. Ese planteamiento no ha quedado incorporado al texto aprobado por el Senado.
La Tauromaquia, por tanto, mantiene la posibilidad de continuar desarrollándose en aquellos estados cuya legislación lo permita. Sin embargo, el nuevo marco nacional establece unas bases de protección animal que deberán ser tenidas en cuenta por las distintas normativas estatales.
El principio de progresividad, una cuestión clave
Más allá de la ausencia de una prohibición federal, existe otro elemento jurídico que puede tener importancia en los próximos años: el principio de progresividad en materia de protección animal.
La reforma constitucional aprobada en 2024 incorporó al marco mexicano la prohibición del maltrato animal y estableció obligaciones para garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales.
Este principio puede adquirir especial relevancia en los estados que decidan aprobar nuevas restricciones. Si una entidad establece una determinada protección y posteriormente se intenta modificar la legislación para recuperar una regulación menos restrictiva, esa decisión podría ser objeto de una impugnación constitucional bajo el argumento de que supone un retroceso en el nivel de protección previamente alcanzado.
Esto no implica que cualquier modificación vaya a ser automáticamente anulada por la Suprema Corte, pero sí puede abrir una nueva vía de discusión jurídica sobre los límites que existen para revertir determinadas medidas.
Ciudad de México, un ejemplo del nuevo escenario
Uno de los casos que permite observar esta transformación es el de Ciudad de México. En 2025 se aprobó allí una regulación que sustituyó el modelo tradicional de corrida por un formato en el que no se permite herir ni matar al toro durante el espectáculo.
Una eventual modificación futura que pretendiera recuperar la lidia tradicional tendría que enfrentarse, entre otras cuestiones, al debate sobre la progresividad de la protección animal y sobre si una reducción del nivel de protección alcanzado podría ser constitucionalmente admisible.
La misma cuestión podría plantearse en otros estados que decidan aumentar progresivamente las restricciones a la actividad taurina.
Por ello, cada cambio legislativo puede tener consecuencias que vayan más allá del momento en el que se aprueba. Cuanto mayor sea el nivel de protección establecido por una entidad, más complejo podría resultar posteriormente revertir determinadas medidas.
Un mapa taurino cada vez más desigual
El nuevo escenario deja a México ante un mapa taurino en el que las diferencias entre estados pueden aumentar.
Mientras algunas entidades podrán mantener la celebración de corridas bajo su propia regulación, otras podrían introducir limitaciones adicionales o incluso prohibiciones. El debate sobre la Tauromaquia se trasladará así a los diferentes congresos estatales, donde se decidirá buena parte del futuro de la actividad.
Para el sector taurino, la ausencia de una prohibición federal evita por ahora el escenario de una desaparición de la fiesta en todo el territorio mexicano. Sin embargo, la amenaza legislativa no desaparece, sino que cambia de escenario.
Las organizaciones defensoras de los animales podrán impulsar nuevas restricciones desde los estados, mientras que el sector taurino tendrá que afrontar cada uno de esos procesos de manera individual.
La nueva ley tampoco ha terminado todavía su recorrido. El dictamen aprobado por el Senado ha sido remitido a la Cámara de Diputados, que deberá estudiarlo y debatirlo antes de que finalice el procedimiento legislativo.
México afronta, por tanto, una nueva etapa para la Tauromaquia. No existe una prohibición federal de las corridas en el texto aprobado por el Senado, pero tampoco queda garantizada una regulación uniforme para todo el país. El futuro de la fiesta dependerá ahora, en buena medida, de las decisiones que adopten los distintos estados y de los límites constitucionales que puedan surgir ante futuras reformas.